Judicializar la Educación

Como un secreto impronunciable, por ser políticamente muy incorrecto, hay un refrán que dice que en educación, a tal padre tal alumno.

Dicho en fino, existe una alta correlación entre un niño que no reconoce autoridad, o que tiene serias dificultades para escolarizarse, o que tiene importantes bloqueos emocionales que le hacen difícil su permanencia armónica en las actividades escolares (aún en los recreos) y padres que no hacen bien su trabajo de padres. O sea, no contienen, no apoyan, no estimulan, no acompañan, y en algunos casos, incluso, no están, nomás.

Y hay otro refrán, más impronunciable aún, pero que uno se muere por decir frente a un padre que culpa al colegio y/o a los profesores, y/o a los compañeros, de todos los males de su pobre hijo, que reza: dime de qué hablas y te diré de qué adoleces.

No es un algoritmo exacto, claro. Es una generalización. Hay maravillosos padres que tienen entre manos a hijos muy problemáticos, y más extraño y milagroso aún, terribles padres que tienen hijos educacionalmente impecables.

Pero en la mayoría de los casos de niños de difícil pronóstico educativo, hay detrás padres que, por razones a veces muy atendibles e inevitables, no han hecho, no hacen, ni podrán hacer la pega paterna, tan indispensable para que la tarea escolar pueda ser medianamente lograda. Muchas veces, son incapaces de reconocer su responsabilidad en los hechos, culpando, en ocasiones de modo violento y disruptivo, a cuanta persona o institución se le ponga enfrente y trate de ayudarlos.

Se dan en todos los niveles sociales, con niños de todas las edades, en todo Chile y en todo el mundo.

En caso de aprobarse la nueva ley educativa, que crea la Superintendencia de Educación, hay expertos que entienden que se instaura por primera vez, y de manera eficaz y eficiente, la posibilidad de que padres cumplidores y cariñosos que estén siendo injustamente maltratados por entidades educativas inescrupulosas puedan denunciar a quienes los maltratan.

Pero también hay expertos que creen que los otros padres, aquellos que no hacen su trabajo adecuadamente, tendrán en sus manos una herramienta más efectiva aún para intentar culpar a otros de sus propios errores.

Hay quien dice, incluso, que dado que la educación real y efectiva es invisible a los ojos, que si no hay confianza mutua, que si no hay equipo educativo padres-escuela, la educación podría terminar judicializándose.

Porque los doce largos años que dura la educación de un niño, suponen grandes oportunidades de conflictos de causas ambiguas y difíciles de precisar, altamente desestabilizantes, emotivamente hablando.

Por tanto, la posibilidad que supone esta nueva ley, de que cualquier padre interponga una denuncia ante la Superintendencia acerca de cualquier conducta de la escuela que considere perjudicial para sus niños, generará un batallón de denuncias de difícil análisis, y probablemente, un endurecimiento de las relaciones padres-escuela. Ello declinará en exagerados controles de entrada por parte de los colegios, para prevenir la incorporación apoderados potencialmente conflictivos; un intento enfático por documentar cada decisión escolar con la correspondiente burocratización del trabajo; y el pánico de los profesores y directivos, a tomar decisiones que sean impopulares, aunque se estimen necesarias para la educación de los niños.

¿Usted que cree?